2) Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el Jefe del Estado colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada.

3) Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido.

4) Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas.

5) Nuestra labor de defensa de los derechos humanos es legalmente reconocida por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Constitución Nacional de Colombia.

6) Tanto ONG, parlamentarios y comunidad campesina que participaron en la audiencia pública, siempre acataron las decisiones de las autoridades civiles y militares -incluida la decisión del Alcalde municipal de La Macarena- de impedir el ingreso al cementerio público municipal para orar y hacer un acto simbólico en homenaje a las víctimas.